Nueva reforma de la Ley Concursal

La Ley Concursal es una normativa que regula los procesos de insolvencia de empresas y personas físicas en España. En los últimos años, se han detectado ciertas deficiencias en su aplicación, lo que ha motivado una nueva reforma de la ley. Esta reforma, que entrará en vigor en septiembre de 2021, tiene como objetivo mejorar la eficacia de los procedimientos concursales y ofrecer mayores garantías a los acreedores y deudores.

Entre las principales novedades de la nueva reforma de la Ley Concursal se encuentra la creación de un nuevo procedimiento para la reestructuración de deudas de empresas viables, la ampliación de las facultades de los administradores concursales, la posibilidad de que los acreedores puedan presentar propuestas de convenio y la simplificación de algunos trámites procesales.

La Ley Concursal, creada en 2003, es la normativa que regula el proceso de insolvencia de las empresas. Recientemente, se ha aprobado una nueva reforma que busca mejorar y agilizar este proceso, y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2021.

¿En qué consiste la nueva reforma de la Ley Concursal?

La nueva reforma de la Ley Concursal introduce importantes novedades que afectarán tanto a empresas como a particulares. Algunas de las principales son:

• Agilización del proceso: se reducen los plazos de los procedimientos concursales y se establecen medidas para acelerar la gestión de los mismos.
• Mayor control de la administración concursal: se establecen requisitos más rigurosos para su nombramiento y se refuerza su supervisión.
• Refuerzo de los acuerdos extrajudiciales: se fomenta la negociación y los acuerdos previos al concurso para evitar la declaración de insolvencia.
• Creación de un registro de reestructuración: se crea un registro público de acuerdos de refinanciación, que permitirá a las empresas acceder a financiación en mejores condiciones.
• Medidas para proteger a los empleados: se establecen medidas para garantizar que los trabajadores no sean los perjudicados en caso de insolvencia empresarial.

¿Qué beneficios aporta la nueva reforma de la Ley Concursal?

La nueva reforma de la Ley Concursal busca mejorar la situación de las empresas que se encuentran en dificultades económicas y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los trabajadores y acreedores. Entre los principales beneficios que aporta destacan:

• Mayor flexibilidad: se establecen medidas para que las empresas puedan acceder a financiación y renegociar sus deudas, evitando la declaración de insolvencia.
• Protección de los trabajadores: se refuerzan los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia empresarial, garantizando el pago de salarios y prestaciones.
• Agilización del proceso: se reducen los plazos de los procedimientos concursales, lo que permite una gestión más eficiente y rápida de los mismos.
• Mejora de la transparencia: se establecen medidas para mejorar la transparencia y la información en relación a los procesos concursales.
• Refuerzo de la negociación: se fomenta la negociación y los acuerdos previos al concurso, lo que puede evitar la declaración de insolvencia y permitir la continuidad de la actividad empresarial.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de la segunda oportunidad?

La nueva Ley de la Segunda Oportunidad ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, ¿cuándo entrará en vigor esta ley tan esperada por muchos ciudadanos?

Según lo establecido en la disposición final primera de la ley, esta entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de agosto de 2021. A partir de esta fecha, los ciudadanos podrán acogerse a esta ley que les permitirá cancelar sus deudas y empezar de nuevo.

Es importante tener en cuenta que la Ley de la Segunda Oportunidad no es una solución mágica que resolverá todos los problemas económicos de una persona de la noche a la mañana. Se trata de un proceso complejo que requiere de asesoramiento y asistencia legal para poder llevarlo a cabo con éxito.

Además, la ley establece una serie de requisitos y condiciones que deben cumplirse para poder acogerse a ella. Por ejemplo, se requiere que la persona esté en situación de insolvencia, es decir, que no pueda hacer frente a sus deudas con sus ingresos y patrimonio actual.

También se establecen límites en cuanto a la cantidad de deuda que se puede cancelar y se exige que se haya intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta ley no es una solución milagrosa y que es necesario cumplir una serie de requisitos y condiciones para poder acogerse a ella. La asesoría legal es fundamental para poder llevar a cabo este proceso con éxito y lograr empezar de nuevo sin deudas.

¿Cómo se llama la nueva Ley Concursal?

La nueva Ley Concursal se llama Ley de Reforzamiento de la Estabilidad Financiera y la Protección de los Afectados por la Insolvencia. Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados en el mes de mayo de 2020 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año.

La Ley de Reforzamiento de la Estabilidad Financiera y la Protección de los Afectados por la Insolvencia tiene como objetivo principal mejorar el sistema concursal español, proporcionando una mayor protección a los trabajadores, a los pequeños empresarios y a los consumidores. Además, esta ley busca agilizar los procesos de insolvencia, reduciendo los plazos para la presentación de solicitudes y para la resolución de los procedimientos.

Entre las principales novedades de la nueva Ley Concursal se encuentra la creación de un Registro Público Concursal, en el que se inscribirán todas las situaciones de insolvencia de empresas y particulares. Este registro permitirá a los jueces y a los administradores concursales tener acceso a toda la información relevante sobre la situación financiera de los afectados por la insolvencia.

Otra de las novedades de la Ley de Reforzamiento de la Estabilidad Financiera y la Protección de los Afectados por la Insolvencia es la creación de un sistema de segunda oportunidad para los particulares que se encuentren en situación de insolvencia. Este sistema permitirá a las personas físicas liberarse de sus deudas después de un periodo de tiempo determinado, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos en la ley.

Además, esta ley busca agilizar los procesos de insolvencia y crear un sistema de segunda oportunidad para los particulares que se encuentren en situación de insolvencia.

¿Cuándo prescriben las deudas de un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un procedimiento legal que se utiliza para resolver la situación de insolvencia de una empresa o persona física. Durante este proceso, se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores para liquidar las deudas y evitar la quiebra. Pero, ¿qué sucede si después de un tiempo no se han pagado todas las deudas?

En primer lugar, es importante diferenciar entre la prescripción y la extinción de las deudas. La prescripción es el plazo máximo en el que se pueden reclamar las deudas, mientras que la extinción implica que la deuda ya no existe.

En el caso de las deudas del concurso de acreedores, estas prescriben a los cinco años desde la fecha en que se aprueba el convenio o se declara la conclusión del concurso. Según el artículo 178 de la Ley Concursal, "la acción para exigir el pago de los créditos concursales prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de la declaración de concurso o, en su caso, desde la fecha de aprobación del convenio o de la declaración de conclusión del concurso".

Es importante destacar que esta prescripción se refiere únicamente a los créditos concursales, es decir, aquellos que han sido reconocidos en el concurso de acreedores. Si existen deudas que no han sido incluidas en el proceso, no estarán sujetas a este plazo de prescripción.

Además, es posible que los acreedores presenten una demanda judicial antes de que se cumpla el plazo de prescripción. En este caso, se interrumpe el plazo y se cuenta de nuevo desde el inicio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la prescripción no significa que la deuda desaparezca automáticamente, sino que es necesario esperar a que se cumpla el plazo para que se extinga.

Es importante tener en cuenta que esta prescripción se refiere únicamente a los créditos concursales y que, en caso de presentarse una demanda judicial, se interrumpe el plazo de prescripción.

¿Qué es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho?

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es una figura legal que permite a una persona que se encuentra en situación de insolvencia acogerse a una serie de medidas para cancelar sus deudas y obtener una segunda oportunidad.

Este beneficio se encuentra regulado en la Ley de Segunda Oportunidad, una normativa que entró en vigor en el año 2015 y que tiene como objetivo ayudar a las personas físicas a superar situaciones económicas complicadas.

La exoneración del pasivo insatisfecho permite a una persona cancelar todas sus deudas pendientes con sus acreedores y empezar de cero, sin la carga económica que suponía tener que hacer frente a los pagos de sus deudas.

Para poder acogerse a este beneficio, es necesario cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores, no haber sido condenado por delitos económicos y haber actuado de buena fe.

Una vez cumplidos estos requisitos, la persona puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante un juez, quien será el encargado de valorar si se cumplen los requisitos y si procede el beneficio.

En caso de que se conceda la exoneración del pasivo insatisfecho, la persona estará libre de deudas y podrá empezar de cero, aunque deberá cumplir con ciertas obligaciones durante un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo llevar un control riguroso de sus ingresos y gastos y destinar una parte de sus ingresos a la satisfacción de los acreedores.

Es una herramienta muy útil para aquellas personas que se encuentran en situación de insolvencia y que necesitan una solución para salir adelante.

En conclusión, la nueva reforma de la Ley Concursal es un paso importante para mejorar el marco jurídico que regula los procedimientos de insolvencia de empresas y particulares en España. Esta reforma tiene como objetivo principal agilizar y simplificar los procesos concursales, para que sean más eficientes y menos costosos tanto para los deudores como para los acreedores. Además, se espera que esta nueva ley fomente la reestructuración y la viabilidad de las empresas con dificultades financieras, en lugar de promover su liquidación. En definitiva, la nueva reforma de la Ley Concursal supone una gran oportunidad para modernizar y mejorar el sistema de insolvencia en nuestro país, y para facilitar la recuperación económica de aquellos que se encuentran en situaciones de crisis financiera.